LEY NACIONAL DE SEMILLAS

Las semillas con toda su diversidad genética, constituyen el corazón de la seguridad y la soberanía alimentaria al ser la base sobre la que descansa toda la producción de alimentos para nutrir a la población.

El proyecto de Ley Nacional de Semillas  es un instrumento de regulación para controlar lo que se produce y cómo se produce lo que nos comemos.  Este hecho incide directamente sobre nuestra economía doméstica, nuestra salud, nuestro equilibrio ambiental y sobre la competitividad del país en términos agrícolas y toda su cadena de valor asociada.  Por esta razón debemos preocuparnos todos y todas como actores sociales.

El Senado dominicano, no parece haber dimensionado lo pernicioso que resulta a los intereses de la nación, ni el lesivo efecto que tendrá la ley, tal como está elaborada, sobre los pequeños agricultores, a quienes la presente gestión de gobierno apoya con denodados esfuerzos.

Este proyecto de ley plantea el decomiso y la destrucción de recursos fitogenéticos para evitar la mezcla de variedades y proteger así, en principio, la pureza de las semillas certificadas.  Esta medida conllevará una reducción de la agrodiversidad y, eventualmente, una mayor vulnerabilidad ante los ataques de plagas y enfermedades.  En adición, se potenciará, aún más, la contaminación ambiental ya que el paquete tecnológico de muchas de las semillas certificadas exige un mayor uso de agroquímicos.

Contempla además la enajenación de nuestros recursos genéticos al ceder derechos, vía el otorgamiento de licencias y contratos, que permitan a terceros reproducir y comercializar semillas nacionales de variedades mejoradas obtenidas por instituciones públicas.

Permite la entrada al país de organismos genéticamente manipulados (OGM) producidos en otros países, sin contar todavía con una legislación sobre bioseguridad y biodiversidad que proteja la vida e integridad de nuestros propios recursos.

Por otro lado, desconoce derechos consuetudinarios y criminaliza prácticas provenientes de saberes ancestrales de la población relativos a la producción, la conservación y el cuidado de semillas.

Supedita a los productores a un riguroso control por parte de inspectores para verificar el uso de semillas comerciales y certificadas.  Esto puede degenerar en una estructura de extorsión, ya que la mayoría de los productores no llevan registros administrativos ni contables de sus actividades.

Establece un sistema de control de la producción y la comercialización de semillas que estimulará la creación y consolidación de un oligopolio de empresas, cuyo fin no es la producción de alimentos sino la maximización del rendimiento financiero en beneficio propio.

Hace obligatorio el uso de semillas certificadas cuando se trabaje con el apoyo financiero del sector oficial (BAGRÍCOLA, FEDA, BNV). El sobreprecio de la semilla certificada encarecerá los costos de producción, lo que elevará el precio de los alimentos producidos.

Convierte al Departamento de Semillas del Ministerio de Agricultura en la Oficina Nacional de Semillas (ONASE) confiriéndole atribuciones y prerrogativas que limitan la capacidad de maniobra de la autoridad sectorial para “impulsar políticas públicas y marcos legales que garanticen a los productores nacionales el uso de semillas nativas”. 

Trastorna el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF) al no contemplar el rol del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) como ente cohesionador, articulador y de mayor jerarquía del Sistema. 

Puede incluso afectar el programa nacional de reforestación ya que ni el Plan Quisqueya Verde, ni los demás viveros forestales utilizan semillas certificadas para la producción de plántulas.

A la luz de lo expuesto, derogar la actual Ley de Semillas, vigente desde el 1971 y sustituirla por lo planteado en este proyecto de ley, supone un retroceso y un despropósito que de ninguna manera contribuirá a la soberanía alimentaria.

El eventual incremento de la productividad derivado del uso obligado de semillas certificadas, tendrá un costo social y político demasiado alto, el menoscabo de la agricultura familiar campesina.